Sin conocer el sistema legal estadounidense o el idioma inglés, miles de niños y jóvenes que han llegado al sur de Florida huyendo de la violencia en Centroamérica podrían ahora tener que resolver sus casos de asilo sin la ayuda de un abogado.
Muchos de estos menores recién cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos sin compañía adulta, después de hacer el peligroso viaje desde Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora muchos tendrán que enfrentarse solos a un juez de inmigración quien decidirá si darles permiso para quedarse o regresarlos a sus turbulentos países de origen.
Y mientras aumenta el número de jueces atendiendo estos casos a tiempo completo, muchos jóvenes no han tenido tiempo para encontrar ayuda legal, ya que las cortes han movido sus casos al tope de la lista para atenderlos inmediatamente, en un proceso que se ha apodado rocket dockets.
“Es una carrera contra el reloj”, dijo Jill Skok, asistente ejecutiva del Centro Maya Guatemalteco de Lake Worth, donde más de 100 jóvenes inmigrantes han llegado a recibir asistencia en los últimos meses.
Actualmente, la corte de inmigración de Miami — que atiende casos de los condados de Broward y Palm Beach — tiene 547 casos pendientes de niños y jóvenes centroamericanos, quienes se han establecido en grandes cifras en Florida en los pasados cinco meses tras reunirse con “patrocinadores” (sponsors), muchas veces sus familiares.
Por ley el gobierno tiene que darle a estos jóvenes y niños centroamericanos (México queda excluido) una vista tras su llegada para determinar si tienen o no una razón válida para pedir asilo.
En un viernes del mes pasado, solamente tres de los 25 menores de edad que comparecieron ante un juez en Miami fueron representados por un abogado, dijo Lesley Mendoza, directora ejecutiva de la Asociación de Abogados Cubanos.
“Los demás debieron comparecer solos”, dijo Mendoza. “Sin hablar el idioma, sin ningún conocimiento y con limitada educación, deberán hallar su camino por el sistema legal por su cuenta. Eso no es correcto”.
‘Situación urgente’
Según una ley firmada en 2008 por el entonces presidente George W. Bush, los inmigrantes indocumentados menores de edad no pueden ser deportados sin recibir una audiencia de asilo. La ley aplica a cualquier país que no tiene frontera con Estados Unidos.
Algunos de los niños y jóvenes indocumentados han recibido permiso para quedarse y otros han sido deportados, pero no hay cifras disponibles.
Lo que ha quedado claro es que la cifra de menores ingresando al país sin un acompañante adulto desde países centroamericanos duplicó entre octubre de 2013 y mayo de 2014, según el Pew Research Center en Washington. El presidente Barack Obama ha calificado este aumento repentino como una “situación humanitaria urgente”, y las agencias federales han logrado reubicar a la mayoría de estos jóvenes con patrocinadores a través del país.
Muchos llegan a Florida, donde ya viven cerca de cuatro millones de inmigrantes, con la comunidad hondureña más grande del país.
Unos 3,809 niños han sido reubicados a Florida para reunirse con patrocinadores entre el 1 de enero y 31 de julio, según cifras de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. De estos, 356 han llegado a Broward y 785 terminaron en Palm Beach, mientras que Miami-Dade cuenta con 1,127 de estos casos.
Florida ha absorbido grandes flujos de inmigrantes en el pasado — incluyendo el éxodo del Mariel, que trajo 125,000 cubanos a Estados Unidos en 1980, y la llegada de refugiados haitianos en los años 80 y 90. Pero raramente las cortes de inmigración habían tenido que manejar estos procedimientos acelerados (rocket dockets) para resolver una crisis rápidamente.
La corte de Miami duplicó el mes pasado el número de jueces de inmigración atendiendo los casos de niños y jóvenes que han cruzado sin adultos la frontera.
Inicialmente, dos jueces en Miami fueron asignados a estos casos a tiempo completo, pero ese número aumentó a cuatro en agosto. Además, un quinto juez ha atendido “según ha sido necesario” a los niños y jóvenes a principios de septiembre, según confirmó el Departamento de Justicia a El Sentinel.
Al darle prioridad a estos casos, el Departamento de Justica busca desalentar a personas que buscan entrar al país ilegalmente y aprovecharse del abrumado sistema de tribunales de inmigración, según Dana Leigh Marks, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración.
“Los casos de personas que han llegado este año, en vez de ir al final de la lista, van al tope”, dijo Marks. “Y eso es lo que está sucediendo en Miami”.
Según Marks, es crucial que los niños se presenten ante la corte cuando tengan citas pendientes. “Si no van, es casi garantizado que perderán su caso”, dijo. “Si se presentan, pueden pelear el caso y luego apelarlo. Es importante que la comunidad sepa que el juez puede ordenar su deportación en su ausencia, y eso puede complicar hasta los casos más fuertes. Es muy difícil reabrir esos casos y explicar por qué no se presentaron”.
‘Necesitan abogados’
Un efecto de los rocket dockets es que los menores recién llegados tienen dificultad para encontrar abogados que les ayuden a manejar sus casos a un precio asequible o de manera gratuita.
En el sur de Florida, muchos niños y jóvenes terminarán enfrentando a los jueces solos, dijo Skok, añadiendo que el Centro Maya ha pedido asistencia infructuosamente a grupos de abogados ayuda pro bono (gratis).
“Conocemos las historias conmovedoras de estos niños, y en mi opinión la mayoría tienen casos legítimos y la oportunidad de quedarse”, dijo Skok. “Pero necesitan abogados”.
Americans for Immigrant Justice, una organización legal sin fines de lucro con 12 abogados trabajando a tiempo completo en Miami, ha representado gratuitamente a muchos de estos jóvenes.
“Tenemos abogados trabajando a todas horas”, dijo Cheryl Little, directora del grupo. “Les digo a los abogados que no pueden seguir trabajando así, pero me contestan que es literalmente un asunto de vida o muerte para estos niños”.
Little asegura que sus abogados han escuchado historias de horror de los jóvenes: “Estos niños han visto cadáveres en el camino, y cuerpos mutilados por machetes. Han visto a familiares y amigos ser asesinados y no tienen a dónde ir para protegerse”.
“No se deben acelerar estos casos”, añadió.
En muchos casos, la representación legal puede ser la diferencia entre quedarse en EEUU o ser deportado.
Casi la mitad de los niños centroamericanos que se habían presentado ante una corte antes del fin de junio llegaron sin abogados, según datos a nivel nacional obtenidos por la Universidad de Syracuse. De los que se presentaron con abogados, la mitad recibió permiso de un juez de inmigración para permanecer en el país, mientras que sólo uno de cada 10 de los que se presentaron solos tuvo la misma suerte.
“Al acelerar las audiencias y no darles tiempo de encontrar un abogado, muchos que no tienen derecho legal serán devueltos”, dijo Mendoza, la abogada del grupo cubano. “Y eso significa seguir siendo violados de camino a la escuela. Para los varones significa hacer lo que las pandillas digan o arriesgar ser asesinados”.
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