Adonia Simpson, Directora del Programa de Defensa Familiar de AI Justice, y Jessica Shulruff Schneider, Directora del Programa de Detención de AI Justice, reflexionan sobre sus experiencias de voluntariado como proveedores de servicios legales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Son las 3:30 a.m., hora de Miami, y acabamos de llegar a nuestro hotel en Chula Vista, California, a 7 millas de la frontera sur. Al mirar el mapa para trazar la próxima parte de nuestro viaje en unas pocas horas, vemos nombres familiares: Otay Mesa y San Ysidro. Estos son lugares que adornan los documentos de cobros de inmigración que vemos para los clientes todos los días. Estamos ansiosos por ver lo que nos espera mañana, pero de inmediato tengo en mente el cierre. Estamos entrando en el día 25 de este ridículo enfrentamiento, el cierre más largo en la historia de los Estados Unidos.
Como abogados de inmigración, podríamos hablar sobre los impactos contraproducentes del cierre: a miles de inmigrantes se les han cancelado sus casos judiciales y las estimaciones de Syracuse Trac Data establece que hasta 100,000 personas que esperan su día en la corte pueden verse afectadas si el cierre continúa hasta fines de enero. Florida ocupa el cuarto lugar en la nación con la cantidad de clientes afectados. Supuestamente, esta crisis fabricada se trata de la seguridad nacional, pero como viajero hoy, no me sentía particularmente segura.
Las líneas de TSA eran visiblemente más largas, y nos sentamos en el asfalto esperando despegar durante casi 40 minutos, todas las consecuencias de que nuestros empleados federales más vitales se vieron obligados a trabajar sin paga.